El 14 de abril, el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó la suspensión en todo el país de todos los procesos relacionados con la legalidad de la contratación de trabajadores autónomos o personas jurídicas para la prestación de servicios, práctica conocida popularmente como «pejotización».
Esta modalidad de contratación se ha vuelto cada vez más común en sectores como la abogacía asociada, la salud, la representación comercial y la tecnología, entre otros, lo que ha generado debates sobre su legalidad y adecuación a las normas laborales.
La decisión se tomó en el marco del Recurso Extraordinario con Agravo (ARE) 1532603, en el que el Pleno del STF reconoció la repercusión general del tema (Tema 1389), que abarca no solo la validez de los contratos, sino también la competencia de la Justicia Laboral para juzgar las denuncias de fraude, además de definir quién debe asumir la carga de la prueba: el trabajador o el contratista. Con esta decisión, el ministro suspendió la tramitación de miles de procesos en curso en la Justicia Laboral, interrumpiendo temporalmente una serie de debates sobre la «pejotización» y la subcontratación. La confusión entre estos dos temas, ampliamente debatida en las Reclamaciones Constitucionales, fue uno de los factores que impulsó la decisión de juzgar el tema con repercusión general.
El Ministro Gilmar Mendes destacó la importancia de abordar la cuestión de manera amplia y cuidadosa, teniendo en cuenta todas las modalidades de contratación civil/comercial, a fin de resolverla de manera integral y eficiente, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.
Para las empresas, este es un tema de gran relevancia, especialmente en un contexto en el que la «pejotización» se ha utilizado ampliamente como alternativa a la contratación formal. La suspensión de las acciones judiciales y la futura definición de la materia por parte del STF tendrán un impacto significativo en las estrategias de contratación y gestión de riesgos laborales, lo que exigirá que las empresas se preparen para las nuevas orientaciones que puedan establecerse.
Esté atento al desenlace de este importante debate, que sin duda influirá en la forma en que las empresas gestionan los contratos de prestación de servicios.
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