Es importante estar atento a los movimientos del mercado, a la votación de proyectos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo y prestar atención al poder judicial.
Una de las barreras que más alejan a Brasil de la competitividad y de la expansión de las industrias, según una encuesta realizada por la FIESP/CIESP, en el año 2019, es la cuestión tributaria. Y no es para menos. Existen innumerables reglamentos, una legislación excesiva, la falta de compás entre el pago de impuestos y el cobro de las ventas de las empresas, entre otros. Y esto, sin duda, restringe la inversión de las empresas extranjeras e incluso las nacionales, que ya están más acostumbradas a la realidad nacional, sienten dificultades para la expansión de los negocios.
A esto se añaden los riesgos que corren las empresas y sus representantes debido a la aplicación incorrecta de la legislación, que puede dar lugar a criminalización, multas excesivas y demandas judiciales. Recientemente, nuestra empresa realizó una encuesta sobre los principales impactos fiscales en los negocios de las empresas y es realmente sorprendente, incluso para los profesionales más experimentados, la cantidad de temas que se discuten en el STF. Entre los problemas está la exclusión del ICMS de las bases imponibles del PIS y la COFINS, que puede extenderse también al ISS. Y los problemas son amplios porque afectan, por ejemplo, a otros sectores de la economía. Es decir, circulan por las áreas productivas, de servicios y comerciales.
También hay otras cuestiones como la constitucionalidad del Sistema S y cuestiones como el régimen fiscal del Impuesto de Sociedades, Contribución Social, PIS, COFINS sobre la repetición de pagos indebidos/compensaciones, con respecto a la tasa SELIC, medidas judiciales y reconocimiento contable de créditos. Estos son sólo algunos ejemplos de las demandas que persiguen a las empresas en el País y que se discuten en el ámbito Judicial.
Para entender y atender a una diversidad de empresas, veo la necesidad de tener una ecuación estructurada que traiga buenos números para la empresa aliada a la responsabilidad social y fiscal, apoyada por leyes y resoluciones. A veces, nos confrontamos con una planificación fiscal no actualizada que provoca innumerables implicaciones financieras, de reputación e incluso jurídicas. Un camino puede ser la implementación de programas de Tax Compliance y sus Indicadores Fiscales, con vistas a lograr la eficiencia de los procesos y la mitigación de los riesgos financieros y patrimoniales, generando un crecimiento sostenible de las empresas aún estando en conformidad con las normas de Compliance.
Por ello, me tomo la libertad de preguntarle: ¿cuándo ha revisado usted, inversor o empresario, la planificación fiscal de su negocio? Quien le haya asesorado, ¿ha realizado un análisis teniendo en cuenta las repercusiones jurídicas y financieras? ¿El equipo era multidisciplinar y estaba centrado en su negocio? ¿Las actualizaciones son periódicas? Lo pregunto porque hay muchos procesos que se desarrollan simultáneamente y esto puede suponer un ahorro de recursos, una gestión más adecuada y una mayor competitividad.
El tiempo es un factor clave. Una demanda presentada previamente es señal de preparación y de posibles resultados positivos. Muchas resoluciones y sentencias otorgan derechos a quienes se han manifestado anteriormente. En otras palabras, los que estaban «esperando» a que llegaran las decisiones pueden quedar al margen de los beneficios. Por ello, es importante estar atento a los movimientos del mercado, a la votación de proyectos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo y prestar atención al poder judicial.
